En nuestro contexto refiere a que cuando se adopta un nuevo instrumento por la OIT, todo estado miembro tiene la obligación de, dentro de un periodo de un año, someter dicho instrumento a la autoridad competente del país (parlamento, congreso, entre otros) con la finalidad de promover medidas para su aplicación. Cabe aclarar que el gobierno puede estar a favor o en contra de la ratificación, pero no puede hacer caso omiso al instrumento.